En defensa de la Unión

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Hace unos días me encontré en la red con el tratado The Federalist escrito por Alexander Hamilton, James Madison y John Jay durante la revolución norteamericana.  Dado mi interés por la historia de los Estados Unidos, así como, he de decir, por la pasión de mi novia sobre el personaje de A. Hamilton a raíz del famoso musical de Broadway que lleva su nombre, hizo que definitivamente me entrara la curiosidad por leerlo. En el mismo se recogen decenas de artículos donde estos padres de la revolución norteamericana aportan argumentos en favor de la creación de una federación fuerte entre las trece colonias primigenias en lugar de una mera o débil confederación entre las mismas. Ellos aportan argumentos contundentes, que no he podido evitar relacionar con la actual situación política en España, en donde el nacionalismo y separatismo se encuentran en su máxima agitación, y donde hay una total falta de la defensa de la importancia de la unidad de España.

Mediante dicha recopilación de artículos, los autores tratan de persuadir al reciente congreso norteamericano y de informar a la propia opinión pública de las bondades de la Unión y de la creación de un gobierno federal fuerte frente la postura de varios estados de reducir la integración a una confederación con un poder federal reducido a la mínima expresión.

Uno de los principales argumentos a favor esgrimidos en primer lugar es la mejor defensa frente a agresiones de terceras potencias que puede realizar la unión de los estados, así como una mayor capacidad de negociación frente a las mismas en la firma de tratados internacionales. Este último aspecto tiene mucho sentido sobre todo en el contexto histórico dada la situación de la nueva nación frente a potencias imperiales de la época como Gran Bretaña y España cuyas fronteras lindaban con la misma. La unión de los  nuevos estados independientes en torno a un poder federal fuerte que aglutinara las competencias en defensa se convertía en un factor clave si querían sobrevivir en un entorno hostil, y evitar posibles invasiones. Dichas invasiones se produjeron a los inicios del siglo XIX por parte del imperio Británico, pero la colaboración de los estados en la defensa común de la nación supuso el fin de dicho peligro en años posteriores. Como se ha demostrado posteriormente, no sólo la Unión de los estados ha garantizado la supervivencia del país y el respecto a la Constitución, sino que  además ha dado lugar a una potencia militar a nivel mundial, que  una mera confederación con comptencias limitadas no hubiera podido crear.

En segundo lugar, A. Hamilton recoge la necesidad de crear un gobierno federal fuerte para conseguir una mayor estabilidad interior evitando potenciales conflictos entre los nuevos estados. En los artículos, se recoge la divergencia entre los distintos estados sobre cuestiones como la política económica y la defensa de la esclavitud de algunos estados, así como sobre el papel del estado y los límites del gobierno federal. Dichos conflictos comenzaban a llevar a un aumento de la rivalidad entre los mismos, sobre todo entre los estados del norte con los estados del sur de la unión. Los autores recogen la necesidad de un gobierno federal que en defensa del interés general de todos los estados,  y de la constitución. Dada la diversidad y de opiniones y la creciente crispación entre los estados, el propio Hamilton alertaba la necesidad de dotar de autoridad suficiente al ejecutivo federal para poder evitar una escalada en el nivel de conflicto y de rivalidad. Tristemente, esta preocupación del autor se hizo realidad años después, con el estallido de una sangriente guerra civil en 1861 provocada por la ruptura de la unión. Dicha guerra civil supuso un punto de inflexión en los Estados Unidos, dando lugar al fortalecimiento del poder federal tras la derrota de la conferederación, tal y como Madison y Hamilton pedían desde la revolución norteamericana.

En tercer lugar, se recogen argumentos de carácter económico la reducción de las barreras al comercio, fronteras y trabas administrativas entre los estados miembros, con el fin de garantizar la libertad de comercio, uno de los pilares de la nueva nación. Por otro lado, se menciona que la unión también favorecería la cooperación entre estados, sobre todo en situaciones de desastres naturales o revueltas, recogiendo ejemplos de dichas situaciones en estados como Pennsylvania, donde únicamente el gobierno federal fue capaz de garantizar la seguridad y paz de los ciudadanos de dicho estado ante varios motínes ocurridos en el mismo.

Por último, otro argumento de carácter interior mencionado por los autores que me llamó gustaría recalcar, es la defensa de una Unión fuerte para impedir que ideologías populistas lleguen  al poder, dado que ello ocurre más fácilmente en pequeños estados que en Estados de mayor tamaño. Los estados pequeños tienen una población más homogénea tanto en aspectos religiosos, étnicos y linguísticos, lo cual favorece la llegada al poder de ideologías populistas que defienden el odio hacia lo diferente. Así, la existencia de un estado fuerte favorece gobiernos más moderados y de consenso dada la mayor diversidad de la población, y dificulta la llegada al poder de los defensores de meros argumentos populistas o de carácter totalitario. Esa tendencia se puede ver en los propios Estados Unidos, donde existen actualmente Estados con gobernadores con una idelogía muy conservadora dada las características del propio estado (estados donde hay una clara mayoría blanca y donde hay una determinada iglesia protestante dominante), pero que no llegan a hacerse con el poder de la Unión. Así, por ejemplo, determinados grupos religiosos conservadores pueden alcanzar el poder en estados como Indiana (mayoría blanca y protestante), pero lo tienen mucho más difícil para hacerse con el control del gobierno federal elegido por los ciudadanos diversos de toda la unión.

Una vez visto los principales argumentos escgrimidos en The Federalist para la defensa de una nación fuerte, me parece interesante tratar la situación actual de España, y la falta de defensa con argumentos de la importancia y beneficios de la unión frente a posturas nacionalistas y separatistas existentes en diversas regiones del país.

En España, existen numerosos partidos nacionalistas y separatistas que se dedican a vender las supuestas bondades de la independencia, como la panacea frente al malvado estado español. Yo, personalmente, no me voy a dedicar a defender al estado español, ya que creo que debe ser reformado (básicamente reducido), pero si que creo que existen argumentos para defender las ventajas de la unión de España y la existencia de  un poder ejecutivo con competencias exclusivas, que se imponga frente a las posturas separatistas.

Desde un punto de vista de política interna, siguiendo lo indicado en The Federalist, es más difícil para partidos extremistas o populistas hacerse con el poder en naciones grandes frente a pequeñas naciones con población homogénea. Aplicado al caso español,   nos encontramos en el caso de Cataluña con partidos antisistemas y separartistas  en las instituciones que son la base de su gobierno. En el país Vasco tenemos radicales de ultraizquierda en las instituciones que no dudan en justificar el terrorismo como arma política. Dichos partidos llegan a las instituciones en dichas regiones, pero lo tienen más complicado para controlar un gobierno en el Parlamento Español, no sólo por la legislación electoral española, sino también por la diversidad del pueblo español que queda plasmado en una mayor variedad de posiciones políticas. Como ejemplo, a nivel nacional Podemos, unido a los comunistas de IU, superan levemente el 20% del voto a nivel nacional (y eso a pesar la campaña de marketing desplegadas por algunos medios nacionales y el descréditos de los partidos tradicionales), mientras que en regiones como Cataluña , dicho partido está apunto de convertirse en el partido más votado en las próximas elecciones como indican las encuestas.

Por supuesto que los populistas, tanto de izquierdas como de derechas, pueden llegar al control de un gran estado (véase lo que ocurrió en la Alemania con los nazis  o en Rusia con los bolcheviques, pues la calidad de las instituciones es tan importante como el propio tamaño del país, pero  se puede observar en la actualidad en España, y en el resto de Europa, la mayor facilidad de hacerse con el control de pequeñas regiones, donde hay una mayor homogeneidad de su sociedad con una serie de señas identitarias, como puede ser la lengua,  que sirven como factores de diferenciación y segregación. Así pues, la defensa de la libertad nos lleva a la defensa de una unión fuerte, donde se garantice la libertad y los principios constitucionales en todo su territorio frente a tendencias populistas que puedan surgir en una determinada región. Una unión fuerte garantiza la paz de sus territorios frente a la disputa,  la rivalidad y odio que incentivan los nacionalismos.

Siguiendo con el análisis del punto de vista interno, como se ha indicado anteriormente, la unión garantiza la libertad económica dentro de la misma así como su estabilidad política y ambos aspectos son aplicables al caso español. El separatismo catalán y vasco son una de las principales fuentes de inestabilidad que afronta el estado español, y un proceso de ruptura ahondaría aún más en ese aspecto, ahuyentando a la potencial inversión extranjera.

Además, el levantamiento de nuevas fronteras que propugna el independentismo supondría también un grave varapalo para la economía española dad las trabas al comercio que podría suponer. Es más, el proceso desintegrador del actual estado de las autonomías ya está teniendo un efecto negativo en la economía con el aumento de las trabas para la venta de bienes y servicios dentro del propio país dada la cada vez más divergente legislación autonómica, creando en muchas ocasiones una duplicidad en la propia administración.

Desde un punto de vista de política exterior, la desintegración de España dañaría de forma irreversible nuestro poder de negociación ante organismos internacionales, principalmente dentro de la Unión Europea, y si de por sí, España es un figurante secundario en la política internacional, esta desintegración nos situaría como meros observadores del panorama político internacional.

Como se ha podido observar, hay más razones que las meras económicas para defender la unión frente a la segregación. Existen aspectos, como la propia defensa de la libertad y los principios constitucionales, y otro tipos de ventajas  que están ligados con la defensa de la unidad española.

Más allá de las buenas razones existentes en favor de la unidad de una nación como son las indicada anteriormente, y otras recogidas dentro de la obra The Federalist, lo que más me llama la atención, o me duele si se puede decir, es que no haya en el parlamento español, ni sobre todo dentro de los territorios con fuertes movimientos nacionalistas, partidos nacionales que defiendan la unión explicando sus ventajas de forma clara, yendo más allá de meros argumentos de carácter económico. Se echa en falta una verdadera defensa de valores de unidad y libertad en España frente a los que quieren romper con el marco constitucional y acabar con las garantías que supone una nación fuerte como la española.

Es necesario que rebatir con estos argumentos a los nacionalistas, tal y como hicieron algunos de los padres de los Estados Unidos desde su nacimiento frente a los que se oponían a la unión. Hay argumentos históricos, económicos, políticos, y sociales para la defensa de la nación española integrada dentro de la Unión Europea. La división no es la solución para los males que actualmente acechan a nuestro país, y ahora más que nunca los supuestos partidos nacionales deben ir más allá de sus intereses y defender las bondades de la unión de todos los españoles frente a los que desean la separación.

Causas de disolución legal: Patrimonio neto inferior a la mitad del capital social

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El artículo 363 de la Ley de Sociedades de Capital, en su punto e, recoge  como supuesto de disolución cuando el Patrimonio Neto es inferior a la mitad del Capital Social. En el caso de que una sociedad se encuentre en dicha situación, el administrador o administradores disponen de un plazo de dos meses para convocar la junta General de Socios en la cual se debe adoptar una de las siguientes decisiones:

  1. La aprobación en junta de la disolución de la sociedad como recoge el artículo 368 de la Ley de Sociedades de Capital.
  2. La restructuración financiera de la sociedad con el fin de eludir esta causa de disolución aumentando el Patrimonio Neto para salir de la causa legal de disolución.

En el caso de adoptar la primera decisión, se iniciará el procedimiento de disolución con la destitución del administrador y el nombramiento del liquidador o liquidadores de la sociedad para su proceder a su posterior disolución. En este artículo se recogen los principales costes de adoptar esta decisión. En todo caso, se inicia esta liquidación voluntaria siempre que la sociedad no se encuentre en situación de insolvencia según la legislación concursal.

En el caso de que los socios decidan mantener la actividad de la empresa y salvar a la sociedad, es necesario adoptar medidas para salir de este supuesto de disolución. Entre otras, los socios pueden aprobar un aumento del capital social mediante emisión de nuevas acciones o participaciones o el aumento de las reservas de la sociedad reduciendo así el reparto correspondiente a los socios y acccionistas. En caso de que los socios no quieran hacer frente a una ampliación de capital, o los beneficios de la sociedad no sean suficientes para salir de esta situación de disolución,  la junta general puede aprobar la capitalización de préstamos de los socios recogidos en el pasivo de la sociedad, convirtiéndolos así en préstamos participativos, o la capitalización de intereses de dichos préstamos. Esta operación de encuentra exenta del el impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y no implica nuevo desembolso por parte de los socios.

En todo caso, si se quiere evitar llegar a esta situación es importante que se controle la acumulación de pérdidas de ejercicios anteriores, sobre todo en el caso de sociedades con escasa o nula actividad,  ya que, a pesar de ser benefioso a efectos fiscales, la acumulación de pérdidas puede reducir el patrimonio neto de la sociedad de tal forma que lleve a la sociedad a entrar en situación de disolución.

Por supuesto, en el caso de sociedades con actividad, la mejora de las ventas, o el aumento de la eficiencia en el desarrollo de su actividad son claves para aumentar el patrimonio neto de la sociedad (pues lógicamente nos permite aumentar los beneficios o reducir pérdidas, lo cual lleva a aumentar el patrimonio neto de la sociedad).

¿Y qué ocurre si el administrador no convoca la junta general de socios en el plazo de dos meses previstos en la ley?. En este caso, y es importante remarcarlo, la falta de convocatoria de la junta  da lugar  a que el administrador pase a ser responsable solidario de las deudas sociales contraídas a partir del cumplimiento del plazo de dos meses que disponía para convocar la junta (artículo 367 de la Ley de Sociedades de Capital).

Como nota final, en caso de que no sea posible la convocatoria de la junta por cualquier motivo en el plazo indicado, el administrador o administradores pueden presentar su dimisión e inscribirla en el registro Mercantil dentro del plazo de dos meses. De esta forma, el administrador no responderá en ningún caso con su patrimonio ante las deudas sociales contraidas por la sociedad en situación de disolución.

 

Los costes de la disolución de una sociedad mercantil

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El cierre y liquidación de una sociedad es una situación difícil. No sólo simboliza el fin o fracaso de una actividad empresarial que no ha tenido el resultado esperado, sino que además supone una serie de costes importantes que pueden hacer la situación más dolorosa. A continuación, se recogen un resumen de dichos costes que los socios de la sociedad liquidada deben afrontar, y que se deben tener en cuenta a la hora de adoptar el acuerdo de disolución.

  • En primer lugar, para poder realizar la disolución de la sociedad es necesario llevar a cabo la liquidación del patrimonio de la sociedad. Una vez pagados los acreedores, el liquidador comenzará la distribución a los socios de los bienes que conforman el patrimonio restante de la sociedad. Dicha distribución conlleva costes dependiendo del tipo de bien asignado. Así, por ejemplo, si se transfieren bienes inmuebles, se debe estimar el coste de notaría para la leaboración de las nuevas escrituras, coste del registro de la propiedad para hacer el cambio de titularidad, más los correspondientes impuestos relacionados con la operación como es la “plusvalía municipal” de la cual he hablado en anteriores posts. Además, dicha distribución del patrimonio de la sociedad en favor de los socios dará lugar  a una  ganancia patrimonial si el valor de dichos bienes es superior al valor de adquisición de las acciones o participaciones del socio. Si ello ocurre, los socios deberán tributar por dicha ganancia en el IRPF o Impuesto de Sociedades según el caso.

 

  • En segundo lugar, una vez realizada la correspondiente liquidación del patrimonio de la sociedad, el socio o socios deben hacer el pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales en su modalidad de Operaciones Societarias. Dicho impuesto NO se encuentra exento como si ocurre con otras operaciones como la constitución de la sociedad o las ampliaciones de capital (en todo caso, depende de la comunidad autónoma donde se lleve a cabo la operación). El tipo impositivo es de un 1% del total patrimonio resultante de la liquidación de la sociedad, lo cual puede llegar a suma considerable. Además, dicho porcentaje se aplica sobre el valor real de los bienes y derechos recibidos, por lo que no se pueden los gastos que deriven de la liquidación, así como cargas que recaigan sobre los bienes recibidos. Son los socios los que deberán hacer frente al pago de este impuesto en porcentaje al patrimonio recibido presentando el correspondiente modelo 600.

 

  • En tercer y último lugar, hay que tener en cuenta los costes de notaría para la elevación a público del acuerdo de disolución de la sociedad. Dicho coste depende de la sociedad, pero para una sociedad pequeña, con un patrimonio de alrededor de 200.000 euros el coste se sitúa alrededor de los mil euros. A este coste se debe añadir, como no, los gastos del Registro Mercantil para realizar el cierre del asiento de la sociedad.

 

 En caso de no querer hacer frente a dichos costes, existe la posibilidad de mantener viva la sociedad, en una situación que podríamos denominar de “coma reversible“, ya que la sociedad podría volver a continuar su actividad si así lo deciden sus socios. Dicha sociedad mantedría su personalidad jurídica en todo momento, lo cual implica realizar el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias (como es la presentación anual del impuesto de sociedades) y legales (depósito de cuentas y legalización de libros) de la sociedad, haciendo frente sus correspondientes costes anuales.

Por otro lado, es importante tener en cuenta que la sociedad no caiga en uno de las causas legales de disolución establecidas en el artículo 363 de la Ley de Sociedades de Capital. Una de dichas causas es la falta de ejercicio de la actividad que constituye el objeto social en un año. Dicha causa se puede evitar si la sociedad realiza activididades que permitan presumir la presencia de actividad externa de la sociedad, como puede ser mantener sus cuentas bancarias, el cumplimiento de la normativa mercantil antes mencionada, mantenimiento de la sociedad como activa en el censo de hacienda aunque se encuentre dada de baja en el IVA, etc.

Otra importante causa legal de disolución a evitar es que la situación contable de la sociedad haga que el patrimonio neto sea menor a la mitad de su capital social. En este caso, el administrador deberá convocar una junta de socios en un plazo máximo de dos meses  para, o bien restructurar el balance de la sociedad, o bien acordar la disolución definitiva de la misma. No hay más opciones. El incumplimiento de esta previsión legal da lugar a que el administrador pase a ser responsable solidario de los perjuicios que pueda ocasionar actividad de la sociedad a partir de los dos meses de plazo con los que contaba para hacer la convocatoria de la junta.

Así pues, la liquidación de una sociedad conlleva una serie de costes importantes que deben ser previstos por los socios al adoptar el acuerdo de disolución de la misma. Si se opta por mantener la sociedad inactiva,  es necesario tener en cuenta el cumplimiento de las obligaciones tributarias y mercantiles, a la vez que tratar de evitar incurrir en alguna de las causas de disolución recogidas en la legislación mercantil.